El plan que se plantea en México para evitar un choque con FIFA pasa por legislar sobre competencia, mérito deportivo y condiciones económicas sin tomar directamente el control de la Federación Mexicana de Futbol. Durante el debate en el Senado, el periodista Ignacio “Fantasma” Suárez puso como referencia a España, donde el Estado intervino mediante leyes que regulan el negocio del futbol profesional. El propio senador Clemente Castañeda aclaró: “No buscamos administrar el futbol ni sustituir a las autoridades”, una diferencia que podría resultar determinante.
El debate tomó fuerza este 21 de septiembre durante el conversatorio sobre ascenso y descenso. Castañeda anunció una iniciativa para incorporar expresamente el mérito deportivo entre las obligaciones de las asociaciones deportivas nacionales. La propuesta todavía debe atravesar el proceso legislativo y no existe una ley aprobada que ordene a la Liga MX cambiar inmediatamente su formato. El objetivo anunciado es fijar reglas generales de competencia, no colocar funcionarios públicos al frente de la FMF, y justamente ahí aparece el ejemplo español mencionado durante el foro.
El obstáculo está en los Estatutos de FIFA. El organismo exige que cada federación miembro administre sus asuntos de manera independiente y sin influencia indebida de terceros, y contempla sanciones cuando esa autonomía es vulnerada. Eso significa que una legislación mexicana tendría que cuidar el límite entre establecer reglas generales aplicables al deporte y sustituir decisiones internas de los órganos federativos. No toda regulación estatal produce automáticamente una suspensión, pero tampoco existe una excepción general que proteja cualquier intervención legislativa.
Qué hizo España con el dinero de Primera y Segunda División
El precedente citado por Suárez tiene una base concreta. En 2015, el gobierno español aprobó el Real Decreto-ley 5/2015, que reguló la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales del futbol profesional. La norma estableció que el 90% de esos ingresos corresponde a clubes de Primera División y el 10% a Segunda, además de crear obligaciones económicas y fondos de compensación relacionados con los descensos. Fue una intervención legislativa directa sobre el negocio del futbol, pero no significó que el Gobierno administrara la Federación Española ni eligiera a sus dirigentes.
La diferencia entre regular el futbol e intervenir la FMF
España también ofrece una diferencia importante para México: LaLiga es una asociación privada, pero funciona dentro de un marco creado por la Ley del Deporte y otras normas estatales. La legislación regula aspectos económicos, derechos audiovisuales y reparto de recursos, mientras la RFEF mantiene competencias propias sobre organización y reglamentación del futbol. Por eso el camino mexicano podría enfocarse en establecer obligaciones generales relacionadas con competencia o mérito deportivo sin asumir directamente los órganos de gobierno de la Federación. Ese límite sería el punto que tendría que superar cualquier iniciativa.
Por ahora, México no enfrenta una suspensión anunciada por FIFA debido al foro del Senado. Lo que existe es una iniciativa en preparación y una discusión sobre hasta dónde puede intervenir el Estado. El ejemplo español demuestra que los gobiernos pueden legislar sobre determinados aspectos económicos y estructurales del futbol sin que eso equivalga automáticamente a controlar una federación. Sin embargo, cualquier propuesta mexicana tendría que respetar la independencia que exigen los Estatutos de FIFA. El siguiente paso será conocer el texto completo de la iniciativa y hasta dónde pretende llegar con el ascenso y descenso.
